“La estrategia es quitar en lo posible a los trabajadores el salario diferido que representan las pensiones”

“Ninguna prestación social del estado es gratuita sino que es una recuperación por parte de los trabajadores de parte del botín que los capitalistas nos robaron previamente en forma de plusvalía”

“No estamos ante una crisis capitalista normal. Por mucho que la economía mostrara síntomas de inestabilidad desde hace ya tres años, nadie esperaba una epidemia global”

“El balance final de lo acordado abre nuevos frentes en el ataque a las pensiones y no cierra ninguno de los anteriores”

“La reforma legislativa según los acuerdos del Pacto de Toledo ya está en elaboración, y en breve se unirá la reforma laboral”

Nada es más cómodo para el capital que tener a un Gobierno “de izquierdas” gestionando sus intereses. Mejor aún si a este lo respaldan dos partidos que cubren entre ambos todo el espectro de la izquierda parlamentaria. Teniendo en cuenta que, a día de hoy, se ha conseguido reducir la concepción de la política al parlamentarismo, esta situación implica que la mitad del discurso político -el que antiguamente representaba los intereses de nuestra clase- está completamente volcado en justificar la actividad del Gobierno. Un Gobierno que, como corresponde a los gestores de una economía capitalista, tiene como principal objetivo el garantizar la reproducción del capital. Por supuesto, la otra mitad del discurso político -el que corresponde a la oposición identificada con la derecha- no es más que una queja incesante acerca de lo lento que está siendo el Gobierno a la hora de traicionar a la clase que le ha votado. La clase trabajadora se encuentra así entre lo malo y lo peor, espectador pasivo de los bofetones que le caen de un lado y otro.

Ya vimos en el artículo anterior cómo “izquierda” y derecha han acordado tácitamente dejar actuar al coronavirus libremente, evitando actuaciones sociales o sanitarias que pudieran dañar la economía capitalista más allá de cierto límite. En las últimas semanas la táctica se ha hecho más patente, con el apaciguamiento de las acusaciones mutuas sobre la inexistente gestión de la pandemia. Para ello es necesario pasar a considerar como algo normal el que los muertos diarios se sitúen en las 400 personas, o incluso positivo si solo son 300. Pero no lo duden, si hace falta normalizar los mil muertos diarios, lo llamarán tercera ola y también lo intentarán. Para eso se ha creado el concepto de nueva normalidad, para ir incorporando a él cualquier despropósito que hubiera resultado intolerable hace tan solo diez meses.

Como saben perfectamente los dirigentes políticos y económicos, su mejor aliado a la hora de hacernos valedores de aquello que juega en nuestra contra es confiar en la libre actuación del mercado, esa mano invisible que empuja las aguas de los intereses individuales a los molinos del capital. Se trata de esa lógica del capital a la que nos referimos habitualmente en nuestros artículos, y que actuará de manera inconsciente pero firme por todo el tiempo en que el modo de producción capitalista sea el predominante en la sociedad. Es esa lógica que no solo hace que los patronos expongan a los trabajadores a cualquier peligro, sino que hará que incluso los propios trabajadores reclamen su “derecho” a arriesgarse a enfermar. Cuando la comida y el techo de los tuyos requieren que lleves un salario a casa, el trabajo es escaso y los desempleados muchos, la única “libertad” que te queda es aceptar lo que te den en las condiciones que te lo den. Ese es el estado de cosas que quiere establecer el liberalismo con su resucitada propuesta de la “cartilla covid”, pero también el que ha aceptado implícitamente la coalición en el Gobierno cuando ha delegado en la competencia entre comunidades autónomas la responsabilidad de la gestión de la pandemia.

Pero una cosa es que la lógica del capital se abra paso por sí misma, y otra cosa es que lo haga lo bastante rápido y sin obstáculos. Y obstáculos son para el mercado todas las protecciones sociales que los trabajadores consiguieron arrebatar a los gobiernos capitalistas del pasado cuando les obligaron a asentar en la legislación el derecho a disfrutar de una pensión, de un seguro de desempleo, de una atención sanitaria o de una educación pública. Ninguna de ellas gratuitas, como vulgarmente se dice, pues todas estas protecciones no son sino una recuperación por parte de los trabajadores de parte del botín que los capitalistas nos robaron previamente en forma de plusvalía. Estas prestaciones no son una gracia que nos concede el Estado, ni son resultado de unos supuestos “valores europeos”, ni fruto de un pasado mítico de bienestar y capitalismo bueno. Estas prestaciones son parte de nuestro salario, solo que de una parte del salario que se nos paga de forma diferida o indirecta. Y, como salario que son, hay que contarlas dentro de la parte de nuestro trabajo que no va a engrosar el capital del empresario. Por eso son un territorio en disputa permanente, por eso se tuvieron que arrancar en su momento con la confrontación social más descarnada, por eso lleva el capital cuatro décadas reconquistándolas palmo a palmo, y por eso es en momentos de crisis como la actual cuando más preciadas son y cuando van a recibir los mayores ataques.

No vamos a defender la teoría de que esta crisis es una crisis capitalista normal. Por mucho que la economía mostrara síntomas de inestabilidad desde hace ya tres años, nadie esperaba una epidemia global, y las características de la crisis a la que ésta ha dado lugar no es asimilable a las crisis capitalistas causadas por sobre-acumulación de capital. Podríamos discutir si el funcionamiento del modo de producción capitalista ha propiciado la difusión incontrolada del virus y ha hecho imposible un combate efectivo contra él -lo creo firmemente-. Pero, a efectos de la discusión económica, podríamos considerar el virus del COVID-19 como un agente “externo”, del mismo tipo que en modos de producción anteriores lo eran las sequías o las propias epidemias. Pero se equivocan los que ven en este carácter externo del desencadenante de la crisis la posibilidad de una recuperación distinta a la de otras crisis. En contra de lo que afirma el Secretario General de la UGT, la economía no “está dormida”, como le dicen a los niños a los que se les ha muerto la mascota. La destrucción del tejido productivo que se está llevando a cabo va a dejar secuelas que no se recuperarán con una mera vuelta al optimismo, y la incapacidad del propio sistema para minimizar los daños frente a un enemigo tan fácilmente controlable y relativamente poco letal está haciendo evidente que la solución no está a la vuelta de la esquina.

Por lo tanto, cuando podamos dar la pandemia por controlada, en ningún caso vamos a volver al punto en el que nos encontrábamos en febrero de 2020. Muchas empresas habrán quebrado, el modelo de negocio de muchas otras habrá quedado herido de muerte, sectores enteros de la clase trabajadora estarán carentes de la formación necesaria para abordar las nuevas cualificaciones que demanda un mercado digitalizado de improviso (más info aquí y aquí), etc. Además, los Estados habrán elevado su deuda pública hasta niveles impensables hace un año. Aunque se ha dicho -con la boca pequeña- que una crisis de esta magnitud no es momento para hablar de contención del déficit, la realidad es que la deuda de hoy solo se puede pagar con trabajo futuro. Esta es una lección que los trabajadores deberíamos haber aprendido de la crisis de 2007, y podemos dar por seguro que dentro de un año nos estarán diciendo que el gasto extraordinario que se está realizando ahora deberá ser devuelto con nuestro sacrificio de la próxima década.

La reforma pactada dentro del Pacto de Toledo y puesta en marcha por el Gobierno PSOE-UP

Es dentro del escenario previamente descrito donde la reforma del sistema de pensiones auspiciada por todos los partidos en el Parlamento juega un papel fundamental. Y no es algo sobrevenido a raíz de los acontecimientos actuales. Ya explicamos en el último contexto económico y social, hace casi dos años, cómo esta reforma era un objetivo público y reconocido del PSOE desde antes de ganar las elecciones. Pero ahora la oportunidad de la reforma es doble desde el punto de vista del capital: por un lado porque necesita urgentemente que perdamos a su favor un gran pedazo del gran pastel de las pensiones, y, por otro lado, porque el desconcierto y el caos social del momento actual es la ocasión ideal para llevar a cabo el asalto.

Para no perdernos, antes de entrar en relativo detalle dentro de la reforma de las pensiones que se propone en la actual ronda del Pacto de Toledo, vamos a separar la estrategia de largo plazo de la táctica del momento. Así, los objetivos estratégicos del ataque siempre han sido solo dos:

  1. Reducir el gasto global en pensiones. Es decir, quitar en lo posible a los trabajadores el salario diferido que representan las pensiones, ya que ello supone automáticamente un aumento de los ingresos del capital.
  2. Transferir a manos privadas la gestión de las pensiones de aquellos que puedan aspirar a una. Lo que en este caso significa que el capital consigue del Estado la gestión de los miles de millones que recolecta y gestiona el sistema de pensiones aun existente. Este objetivo es complementario al anterior.

Pero para avanzar al máximo en estos dos objetivos -dada la fuerte oposición social que pueden encontrar- es conveniente utilizar varias tácticas en paralelo. No es difícil encontrar todo un menú de opciones para elegir, pues los organismos internacionales se encargan de preparar informes periódicos que explican detalladamente las últimas tendencias mundiales a la hora de despojar a la clase trabajadora de sus pensiones. Las tácticas escogidas en esta ocasión han sido las siguientes:

  • Dividir a la clase trabajadora para evitar que haga frente común. Separación entre pensionistas, aquellos que están a punto de serlo y el resto; separación entre perceptores de una pensión contributiva y los que no; separación entre perceptores de pensiones altas y bajas…
  • Alargar la vida laboral para acortar el período de percepción. Para esto suben la edad de jubilación e introducen los empleos a tiempo parcial para los ya jubilados.
  • Endurecer las condiciones con las que se puede aspirar a pensiones más elevadas.
  • Endurecer las condiciones con las que se puede aspirar a la propia pensión. Todos los que no los cumplan caen al nivel de las pensiones no contributivas.
  • Quitar el carácter de derecho laboral a las pensiones no contributivas y convertirlas en una asistencia social.
  • Dejar que el empeoramiento progresivo de las condiciones del mercado laboral haga que en las próximas décadas la inmensa mayoría de los trabajadores actuales terminen acumulando todo lo peor de los puntos anteriores.
  • Crear un sistema de pensiones paralelo de gestión privada y bendición pública y concentrar en él las pensiones contributivas que queden.

Esta lista sería la traducción lisa y llana a nuestro lenguaje del documento de veintidós puntos acordado por la comisión del Pacto de Toledo. En los apartados que siguen vamos a desarrollar en detalle los puntos más relevantes del acuerdo -refrendado posteriormente en el Parlamento- para ver cómo apuntan a los objetivos arriba enumerados. La mayoría van a adquirir mucha relevancia en los telediarios y periódicos en los próximos meses y es necesario que aprendamos a comprender su significado de clase.

Las medidas para prolongar la vida laboral (y, por tanto, acortar el periodo de jubilación)

Era difícil en estos momentos alargar más la vida laboral. Tengamos en cuenta que todavía no ha terminado el proceso que se inició en la anterior reforma de las pensiones, y que va alejando año tras año la edad de jubilación. Cada año hasta el 2027 se añaden dos meses a la edad de jubilación, de forma que todo el que se jubile a partir de entonces deberá haber cumplido los 67 años, en lugar de los 65 de los que se partía en 2013.

Pero la inventiva de nuestros legisladores no conoce límites cuando se trata de aumentar el margen de explotación de los trabajadores. Si en estos momentos no se puede aspirar a subir más la edad de jubilación, lo que sí pueden hacer es suprimir las protecciones que permitían que una persona que quedaba en paro a partir de cierta edad, pudiera acogerse a una jubilación anticipada -aunque ello les redujera la pensión para siempre-. Es lo que el ministro Escrivá quiere decir de una forma aséptica cuando habla de eso de “acercar la vida laboral real a la legal”.

Para intentar justificar esta medida, tanto el ministro como los voceros del Pacto de Toledo de todas las tendencias tergiversan los motivos que mueven a los trabajadores a aceptar la jubilación anticipada. Lo pintan como una opción elegida por los trabajadores de los bancos, que aburridos de trabajar en una oficina bancaria cobrando un salario fijo, deciden una mañana a los 55 años coger una “prejubilación” y darse a la buena vida. El ministro desvirtúa totalmente los hechos cuando hace pensar que esto es un recurso de privilegiados, y da a entender que viene promovido por el trabajador. En realidad, lo que hoy día es conocido como prejubilaciones en las grandes empresas, no son más que despidos. En la inmensa mayoría de los casos el trabajador se ve obligado a aceptarlo a regañadientes porque teme perder las condiciones del acuerdo alcanzado entre empresa y sindicatos, con lo que se arriesgaría a ser despedido en condiciones peores. Hablamos de trabajadores y trabajadoras con hipotecas que pagar e hijos que están todavía estudiando, trabajadores que van a tener que seguir trabajando, en muchos casos subcontratados para la misma empresa que les ha despedido.

Pero es que, además, ese discurso de la jubilación anticipada como un recurso de una supuesta élite que se “prejubila” para darse a la buena vida, no es más que uno de los múltiples ejemplos del divide y vencerás al que juega permanentemente el Pacto de Toledo. En realidad, la jubilación anticipada es un triste salvavidas al que tienen que agarrarse decenas de miles de trabajadores de todos los sectores y de todos los niveles salariales después de haberse quedado en el paro o en la economía sumergida al haber perdido sus trabajos de toda la vida pasados los cincuenta años. Si al ministro y los empresarios a los que representa les parecen mal las jubilaciones anticipadas, no tienen más que dejar a los trabajadores en su puesto hasta que llegue la edad de jubilación. Lo demás no son más que monsergas para hacer perder al trabajador tanto el trabajo como la protección.

Las medidas para reducir la cuantía de la pensión

Volvemos a encontrarnos con una situación parecida a la del punto anterior. Todavía en estos momentos se están aplicando de forma progresiva las medidas que se aprobaron en la anterior reforma de las pensiones. A partir del año 2022, el cálculo de la cantidad que se percibirá durante la jubilación tendría en cuenta los últimos 25 años laborales del trabajador o trabajadora. Esto significa que para una persona que se jubile en 2027 con 67 años, se tendrá en cuenta todo el período comprendido entre 2002 y 2027, un periodo que incluye toda la crisis de 2007, más la crisis del coronavirus, más los peores años de la vida laboral de hoy día, cuando ya no te quieren en ninguna empresa y estás saltando entre el paro, el trabajo en negro y la prestación no contributiva.

Pero calma, que el PSOE y UP son partidos de la clase y se han partido la cara por nosotros. Para salvar este problema de los años de crisis, están pensando en hacernos un favor: en vez de hacer el cálculo con los últimos veinticinco años, que tan malos están siendo, nos van a dejar elegir los veinticinco años de nuestra vida laboral que prefiramos. Se supone así que cuando el trabajador tenía menos de 40 años, allá por el año 2000, le estaban pagando un sueldazo, y le va a ser más rentable elegir aquellos años que estos que tan negros están resultando.

Que lo tengan claro los jóvenes actuales. Los años que estáis viviendo ahora os pueden hacer falta para calcular la pensión del futuro. Sí, estos años en los que no conseguís un trabajo estable, en que os pagan sueldos de mierda por trabajos eventuales o a tiempo parcial, en que os hacen trabajar de autónomos para repartir hamburguesas en bicicleta, o en los que os conceden -si tenéis “suerte”- un Ingreso Mínimo Vital que no computa para la pensión. Pues bien, según el Pacto de Toledo estos mismos años pueden ser lo mejor que tengáis para hacer la media cuando os llegue la hora de jubilaros. Imaginaos lo que os espera.

La separación entre pensiones contributivas y no contributivas

Este es un asunto complejo que tiene visos de adquirir una enorme importancia en el futuro. Como en muchos otros casos, es un problema generado artificialmente, y los mismos que dieron lugar a él en el pasado, ahora pretenden seguir subiendo el nivel del enredo. Este empeño de bomberos pirómanos no hace más que atestiguar que se trata de una línea de ataque a largo plazo de la que solo veremos nítidamente sus frutos cuando sea demasiado tarde.

Resumiendo, antes de la creación del Pacto de Toledo, no había distinción entre pensiones contributivas y no contributivas: para unas y para otras se recurría siempre que hacía falta a los Presupuestos Generales del Estado. El Pacto de Toledo decidió que esto no debía de ser así, y sentó el criterio (mero brindis al sol) de que las pensiones (todas en general) debían ser sufragadas únicamente con los ingresos que entraran en forma de cotizaciones a la Seguridad Social. En cuanto llegó la crisis, la bajada de los ingresos hizo ver que esto era imposible, y dio lugar a la obsesión con el déficit de las pensiones y con el descenso de la famosa hucha, donde supuestamente se guarda el dinero que entra de más cada año, y que luego debería servir para pagar pensiones en años menos boyantes.

La cosa se complicó aún más cuando en dicha cuenta no solo se cargaron las pensiones (contributivas o no), sino que también se imputaron en ella otro tipo de gastos directa o remotamente relacionados con las pensiones: gastos de administración y funcionariado, subvenciones a la cotización de las empresas, ayudas a la contratación, etc. Los eternos años de crisis no solo han engordado el problema por la bajada de aportaciones, sino que han servido para que los gobiernos tiraran de ese dinero para cualquier gasto cuando no sabían dónde acudir.

Ante la patente -y previsible- imposibilidad de mantener esta cuenta en positivo, el Pacto de Toledo no ha optado por lo que sería lo más lógico: reconocer el error y volver a la situación previa a la que él mismo creó. En su lugar, ha optado por avanzar más por el mismo camino y trocear el sistema. Aunque hay quien cree ver aquí un intento de mejora, desde nuestro punto de vista ahora es cuando se comienza a perfilar de una vez por todas la intención final del ataque, no habiendo sido todo el trasiego anterior más que un camino tortuoso pero necesario para llegar a este punto.

Como decimos, la nueva propuesta consiste en cargar en destinos diferentes cada una de las partidas que hasta el día de hoy pretendían ser sufragadas con las aportaciones a la Seguridad Social. Por un lado se irán los gastos del sistema, que serán gastos de la Administración como los de cualquier otro organismo oficial. Por otro lado irán las subvenciones a las empresas en sus distintas variantes: rebajas a la cotización, subvenciones al empleo, etc. En cuanto a las pensiones en sí, solamente las pensiones contributivas se mantendrán dentro de la Seguridad Social; las no contributivas serán pagadas desde los Presupuestos Generales del Estado.

Para comprender porqué nos parece tan destructiva esta última separación, hay que entender cómo el resto de medidas que hemos expuesto previamente van a afectar a las pensiones no contributivas y cómo se pretenden gestionar las contributivas. Trataremos en este apartado el primer aspecto y veremos el segundo en profundidad en el siguiente apartado.

Ya hemos mencionado cómo los eternos años de crisis y el nivel de subempleo que se registra entre las generaciones más jóvenes va a poner muy difícil a medio plazo el acceder a una pensión contributiva. Aun sin tener en cuenta que en la siguiente ronda del Pacto de Toledo opten por poner todavía más difícil el acceso a la pensión, con los impedimentos de hoy día ya se puede prever un aumento en el número de trabajadores que acaben su vida laboral sin derecho a una pensión contributiva. Pues bien, siendo esta la tendencia, el hecho de poner aparte a las pensiones no contributivas como un gasto voluntario del Estado, frente a las pensiones contributivas que se autofinancian, no es más que dividir en dos a la clase trabajadora. Con este movimiento se pretende acabar con la defensa unitaria de las pensiones como reivindicación común, y se abandona a los trabajadores peor parados a la voluntad caritativa del gobierno de turno.

En pocos años veremos cómo los perceptores de una pensión no contributiva pasarán a ser presentados como unas sanguijuelas que se aprovechan de un sistema de protección sin haber “contribuido”; se afirmará que la miseria que reciben procede de los presupuestos, es decir, de los impuestos, y se les señalará como una carga que soportan el resto de trabajadores; se les acusará de estar en esa situación por no haber trabajado lo bastante duro durante su vida laboral, o por no haberse formado adecuadamente, o por haber estado viviendo de tal o cual manera. En realidad, no hace falta esperar a un futuro hipotético para ver cómo introducen este enfoque, pues una de las medidas aprobadas por el Pacto de Toledo ya establece como deseable que debe existir “una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador”. Es decir, se hace desaparecer cualquier pretensión redistributiva y se dota de un cariz individual a la pensión recibida, la cual se presenta como resultado de un “esfuerzo” personal.

Los próximos años van a ser años de revoluciones tecnológicas y sociales. Una gran parte de la clase trabajadora va a quedar relegada a tareas de baja cualificación y de corto recorrido. Las vidas laborales van a quedar llenas de huecos y de paro de larga duración, de ocupaciones que no cotizan o que no lo hacen lo suficiente. Aunque el Pacto de Toledo incorpore bellos artículos progresistas identitarios sobre la mujer y los inmigrantes, la realidad material de nuestra clase nos ha enseñado que estos dos colectivos se encuentran más afectados por estos problemas de inestabilidad laboral y de ingresos, y recibirán pensiones más bajas o solo podrán recurrir a las no contributivas. Los partidos que apoyan esta separación de la fuente de financiación según los tipos de pensiones están situando a una gran parte de la clase trabajadora en manos de gobiernos futuros de cualquier signo. La profundización en la distinción entre tipos de pensiones va a suponer el punto de partida de una amplia serie de ataques que sufriremos durante décadas.

Los fondos de pensiones privados

Entramos ahora en la segunda parte del problema al que se enfrenta el capital. Hasta este momento hemos visto cómo ha conseguido separar a los trabajadores entre aquellos que reciben la caridad laica de una pensión no contributiva y los que aún siguen recibiendo lo que se considera una pensión propiamente dicha. Se están, además, dando todas las precauciones para que estos últimos se encuentren con todas las trabas y se reduzca su pensión al máximo. Pues bien, falta el último paso, y consiste en que aquellos que sigan teniendo pensión la pongan en manos privadas. Desde el punto de vista del capital el problema se presenta de la siguiente forma: si en estos momentos no hay más remedio que aceptar que haya un porcentaje relativamente elevado de trabajadores que sigue recibiendo salario diferido en forma pensiones, vamos a intentar al menos que esa parte del salario, esa aportación a la pensión, tome la forma de capital productivo, y no quede “muerto” bajo cualquier modalidad de gestión pública.

La fórmula de los planes de pensiones individuales no ha cuajado después de muchos años. En estos momentos el número de ellos que hay no llega a los siete millones y medio, pero en muchos casos reciben aportaciones muy bajas e irregulares o sencillamente no reciben ingresos nunca, ya que el fondo lo abrió la empresa a nombre del trabajador y éste no tiene capacidad o confianza para aportar ninguna cantidad. El número de planes no ha parado de bajar desde la crisis de 2008, tanto con gobiernos del PSOE como del PP.

El Pacto de Toledo ha constatado esta situación de punto muerto, y ha apostado por un nuevo enfoque al afirmar que “la Comisión subraya la necesidad  de  impulsar,  de  forma  preferente,  los  sistemas  sustentados  en  el  marco  de  la  negociación  colectiva,  de  empleo,  que  integran  el  denominado  segundo  pilar  del  modelo  de  pensiones”. El planteamiento es el siguiente: si el trabajador individual no puede o no quiere abrir un plan privado, obliguémosle a aceptar uno en el que las aportaciones se hagan sin su intervención. Para conseguir esto, el Ministerio de Seguridad Social ya ha dado los primeros pasos con objeto de resucitar la figura de los antiguos planes colectivos de empresa. La idea es que las empresas y los comités de empresa lleguen a acuerdos puntuales o sectoriales para suscribir un plan de pensiones colectivo para todos los trabajadores de la empresa.

Pero el ministro no se fía -con razón- de que el atrasado capitalismo patrio vaya a apostar por su genial idea, así que en la línea habitual de los progresistas que quieren salvar al capitalismo de sí mismo, ha asumido él mismo la responsabilidad de crear un fondo de pensiones privado con todas las garantías del Estado. En palabras del secretario de Estado de Seguridad Social, Eduardo Arroyo, se trata de un “fondo de pensiones público promovido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones” y “gestionado por una entidad gestora independiente y custodiado por una depositaria independiente”. Es decir, el Estado crea el fondo de pensiones y le otorga su garantía, pero deja la gestión y la custodia en manos de entidades privadas. Y no solo eso, el Estado no pretende darle a este fondo un carácter especial dentro del ordenamiento jurídico, sino que lo lanza con el ánimo de servir de ejemplo y promover que otras entidades privadas compitan con él ofreciendo mejores condiciones.

Deberíamos preguntarnos por qué el Estado decide promover un plan de pensiones fuera del sistema público de pensiones. Si está convencido de que las empresas pueden permitirse aportar fondos a un plan de pensiones complementario además del obligatorio, ¿por qué no se limita a subir las cotizaciones sociales a la Seguridad Social -o suprimir las exenciones-, beneficiando de esa forma al sistema público de pensiones en su conjunto?

No, la intención del ministerio de la Seguridad Social con este fondo mixto no es mejorar las pensiones, igual que la intención del ministerio de Sanidad no fue la de mejorar la sanidad cuando se aprobó la ley 15/97 para habilitar nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Lo mismo que en aquel caso se incluyó el lucro privado en la prestación sanitaria pública, la intención en esta ocasión es introducir a las empresas privadas en la gestión de las pensiones. De las pocas pensiones asociadas a empleos fijos en grandes y medianas empresas, debemos añadir, un aliciente adicional para separar las no contributivas en la saca improductiva de los gastos del Estado.

Tú sabrás: si no te lo puedes permitir, no te jubiles

Y vamos a terminar con la última medida que nos interesa resaltar dentro de las que ha sacado adelante el Pacto de Toledo. Se trata de la “posibilidad” de seguir trabajando una vez que ya estás cobrando la pensión. Para entender por qué escribimos posibilidad entre comillas tenemos que echar la vista atrás y ver en su conjunto todo lo que hemos desgranado hasta ahora.

Nos encontramos con un futuro en el que cada vez menos trabajadores que llegan a la edad de jubilación cumplen los requisitos para cobrar una pensión contributiva. Aquí conviene recordar que la pensión no contributiva íntegra está en estos momentos en 395,6 euros mensuales.

Por otra parte, los trabajadores que sí consiguen cumplir los requisitos para recibir una pensión contributiva han visto reducida su cuantía debido al hecho de que les han ampliado el período de cómputo para el cálculo y/o porque han acumulado varios años de escasa o nula cotización.

Así, en un escenario generalizado de pensiones contributivas o no contributivas de miseria, ¿qué se puede hacer para que no estalle un levantamiento del creciente ejército de jubilados con ingresos insuficientes? Por desgracia, dado el nulo nivel de organización de la clase trabajadora, la respuesta no solo es sencilla para el capital, sino que la plantea como una ocasión propicia para convertir lo que debería ser un problema en una oportunidad a su favor.

La solución adoptada por el Pacto de Toledo ya está en funcionamiento en Alemania desde hace años, y consiste en permitir a los trabajadores compatibilizar el cobro de su exigua pensión con la realización de trabajos ocasionales o a tiempo parcial. Ya hemos visto esta solución aplicada en el entorno del Ingreso Mínimo Vital (otra prestación no contributiva), donde el trabajador puede aceptar trabajos de forma compatible con el IMV mientras la renta anual no supere el límite establecido por la normativa de la prestación.

Este panorama es un sueño para los empresarios: el Estado les suministra trabajadores que no van a pelear por cobrar un sueldo íntegro, pues ya están complementados con una prestación pública. Mientras tanto, los trabajadores pasan su “jubilación” aceptando trabajos de miseria para hacer que les cuadren los ingresos a fin de mes. Según los datos de Alemania, a finales de 2017 había 1,1 millones de pensionistas que tenían un mini-empleo (por definición, menos de 450€ mensuales) y en el año 2019 -antes de la pandemia de COVID-19- se había incrementado en un 20% el número de mayores de 65 años que acudían regularmente a un banco de alimentos.

La medida para tranquilizar los ánimos

Claro, como el que escribe despide un tufillo anti-sistema muy sospechoso, ha estado escondiendo las buenas noticias para el final, haciendo creer que la reforma era totalmente negativa.

En realidad, según las normas no escritas, cualquier reforma trascendental para los trabajadores (de las pensiones, laboral, etc.) requiere de algún reclamo aparentemente progresista para poner en la portada de los medios. En algunas ocasiones, esa medida-reclamo no es más que la reparación de algún sinsentido que se había cometido unos meses antes. De esta forma, el regalo progresista no supone para el capital más que dejar las cosas igual de mal que estaban poco tiempo atrás. A cambio, esa aparente concesión a los trabajadores viene acompañada de la batería de medidas regresivas que hemos repasado y que nos arrastran a afrontar los peores momentos desde hace décadas.

Eso es lo que ocurre con la tan cacareada revalorización de las pensiones según el IPC. Subir las pensiones al ritmo que sube el coste de la vida es algo elemental, lo contrario sería condenar a los pensionistas a un empobrecimiento continuo. Partiendo del bajo nivel de la mayoría de las pensiones, esto degeneraría rápidamente en una situación de necesidad que dispararía la conflictividad social hasta unos niveles insostenibles. Ya se vio la fuerza que cobraron las protestas de los pensionistas en los años en los que esta medida ha estado en vigor.

Así pues, hacer ver que la gran victoria de esta reforma de las pensiones es volver a dejar las cosas como estaban en lo referente a las subidas anuales, no es más que una tomadura de pelo. Si las pensiones son bajas este año, el año que viene seguirán siendo igual de bajas si les aplicamos el IPC, y lo único que se ha conseguido es fijar desde ya el techo de la miseria. El problema es que esta única medida sea considerada por los sindicatos de concertación y por sus plataformas satélite como suficiente para dar el visto bueno al resto de ataques que se incluyen en el plan. Si damos por hecho que los dirigentes de estos sindicatos no son lo bastante tontos para tragar el anzuelo, lo único que podemos pensar es que su valoración positiva los hace cómplices en el engaño, y que su objetivo es hacernos tragar el anzuelo al resto de los trabajadores. No confundamos: la revalorización de las pensiones al menos en el valor del IPC es una demanda mínima innegociable, es dejar las pensiones exactamente igual que están; jamás se podría considerar una victoria que canjear por nada, menos aun por guardar silencio ante los enormes ataques a las pensiones públicas que hemos repasado en este resumen de puntos.

Conclusiones

El Pacto de Toledo es uno de esos espacios que ahora se llaman de “diálogo social” en los que se tratan asuntos laborales, económicos y sociales como si no existieran las clases sociales o como si éstas pudieran llegar a un acuerdo amistoso y mutuamente beneficioso entre ellas. La realidad, como ocurre en todos estos espacios, es que se sacrifican los intereses de la clase trabajadora para salvar la tasa de beneficio del capital. Tampoco es de extrañar, pues la realidad es que en estos foros la presencia de la clase trabajadora es realmente nula, siendo suplantada por sus supuestos representantes: los sindicatos de concertación o los partidos de la izquierda parlamentaria.

Que el PSOE pretenda suplantar a la clase trabajadora cuando en realidad trabaja en su contra, es un hecho que ya no debería sorprender a nadie. Es la política que lleva haciendo desde el año 1982, incluyendo reconversión industrial, reformas laborales, reformas de las pensiones, recortes sociales, privatizaciones, priorización del pago de la deuda, etc. Ni siquiera hay que ejercer de adivino para predecir sus próximos pasos, ya que ellos mismos los anuncian por escrito en los programas que escriben para la patronal (es una pérdida de tiempo leer las vaguedades que destinan a sus votantes trabajadores en los cada vez más vacíos programas electorales). En nuestro texto de marzo de 2019 ya denunciamos sus intenciones en lo referente a las pensiones y ahora hemos podido corroborarlo: “la intención del PSOE es que los jubilados del futuro se queden igual de pobres que ha dejado el PP a los actuales, manteniendo, eso sí, la subida anual del IPC. Por otro lado, la ‘Agenda del Cambio’ propone la promoción de los fondos de pensiones privados dentro de las empresas.”

Unidas Podemos, que incluye los despojos irreconocibles de lo que antaño era el PCE, tendrá que dar explicaciones de por qué fueron cómplices materiales (no me atrevo a decir que puedan serlo intelectuales) de este golpe a la clase trabajadora. Dentro de tres años apelarán a los mismos trabajadores a los que han traicionado para pedirles el voto ante la urgencia de parar el fascismo o algo así. El resto de la “izquierda” parlamentaria no sale mejor parada, y ante un acuerdo como el promovido en el Pacto de Toledo la mera abstención no les disculpa. Todos ellos deberían haber ejercido la única postura de clase posible, votando no a la propuesta del Gobierno y la derecha. Los únicos que votaron en contra fueron los atolondrados jovencitos de la CUP, los cuales apoyan a su derecha en casa, pero le afean el proceder cuando ésta hace patente su lealtad de clase -que ellos desconocen- uniéndose con las derechas de fuera.

El balance final de lo acordado abre nuevos frentes en el ataque a las pensiones y no cierra ninguno de los anteriores. En los próximos años deberemos ocuparnos de la caída en la pobreza del número creciente de trabajadores que queden condenados a una pensión no contributiva, de los intentos de trasvasar las pensiones contributivas a los nuevos planes de gestión privados, de los años de agonía de los parados de mayor edad que no puedan acceder a una pensión anticipada, del trabajo en condiciones penosas de los jubilados que necesiten compensar su exigua pensión con un empleo a tiempo parcial, etc. Como consecuencia del despojo al que seremos sometidos tendremos encima que escuchar cómo se recuperan los beneficios empresariales, mientras los expertos se “sorprenden” una vez más de que dicha recuperación nunca alcance a los trabajadores.

Es momento de que los trabajadores y las trabajadoras comprendan que necesitan organizarse y tomar las riendas de un proceso que no tiene -no puede tener- la forma de un diálogo, sino de una lucha. Se equivocarán quienes piensen que ellos no deberían verse afectados, sería un error entender que las medidas explicadas más arriba solo repercutirán en determinados perfiles profesionales, de formación o de ingresos. Las medidas que hemos expuesto están destinadas a rebajar las pensiones de más de 9 de cada 10 trabajadores, desde la banca a los riders. En el caso de los trabajadores más jóvenes, se darán cuenta de que con cuarenta y tantos años ya no tienen posibilidad de conseguir la pensión más elevada, y cualquier período de inactividad en los últimos años de la vida laboral será una condena a caer aceleradamente en la base de cotización. Eso sin tener en cuenta que las recomendaciones del Pacto de Toledo se revisan cada cinco años y en cada ronda se añaden más restricciones.

Es necesario rehacer la organización directa de los trabajadores y revitalizar la lucha no intervenida por los ilusionistas del diálogo. Solo la unión de las luchas de los trabajadores va a tener perspectivas de poder plantar cara a los ataques del capital, y el frente de las pensiones no va a ser de los menores. La reforma legislativa según los acuerdos del Pacto de Toledo ya está en elaboración, y en breve se unirá la reforma laboral. Pero en los próximos meses y años iremos viendo las exigencias adicionales que marca Bruselas para entregar los fondos de ayuda frente a la crisis capitalista desatada por el coronavirus.

En lo referente a las pensiones, no tengo más que hacer mías las reivindicaciones al respecto que se planteaban en el llamamiento del EEC arriba enlazado, añadiendo el rechazo absoluto al camino de privatización de las pensiones abierto por el ministerio de Seguridad Social:

  • Pensión mínima igual al salario mínimo
  • Ninguna prestación por desempleo debe ser inferior al salario mínimo, y todas cotizarán para la jubilación. Ello incluye tanto la contributiva, como la de subsidio y la de mayores de 52 años.
  • Las prestaciones sociales de la Seguridad Social volverán a estar calculadas respecto al salario mínimo, y no respecto al IPREM introducido por Zapatero. Serán gestionadas a nivel estatal y tendrán la garantía y suficiencia económica del Estado.
  • No a la separación de fuentes del Pacto de Toledo.
  • No a la separación de las prestaciones contributivas y no contributivas en la Seguridad Social.
  • No a la creación de planes de pensiones privados amparados por la Seguridad Social, bajo ninguna fórmula de propiedad, gestión o custodia. Todos los refuerzos e incrementos de las aportaciones a la Seguridad Social en forma de cotizaciones sociales dentro del pilar clásico.

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