NOTA Informativa: Red Internacional de Apoyo al pueblo Saharaui

Los sucesivos Gobiernos del Reino Borbónico incumplen sistemáticamente desde hace más de 4 décadas los compromisos adquiridos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para la descolonización del Sáhara Occidental

Las dos últimas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 2020 a propuesta de la Comisión Política Especial y de Descolonización, exhortan una vez más, a las potencias administradoras de territorios no autónomos a dar cumplimiento de sus obligaciones; recogidas estas en el artículo 73 de La Carta de las Naciones Unidas y en la Resolución 1514 (XV). El Reino de España, como potencia administradora del Sahara Occidental, continúa sin cumplir los compromisos adquiridos ante la ONU desde hace más de 40 años; teniendo en su haber la deshonra de dejar inconcluso el último proceso de descolonización de África.

Desde la Red Ciudadana Internacional de Apoyo al Pueblo Saharaui (Red CIAPS), entidad a la que se han adherido más de 1.300 personas de forma pública, vinculadas a la cooperación internacional, la cultura y el activismo social de más de 12 países, demandamos al Gobierno de España que actúe con coherencia y responsabilidad para facilitar el proceso de descolonización que ponga fin al prolongado exilio sufrido por el pueblo saharaui.

En la Resolución 75/102 del 10 de Diciembre del 2020 se insta a España, como potencia administradora, a que aplique La Declaración de Independencia y el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, que transmita al Secretario General de la ONU en un plazo máximo de seis meses, información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica sobre las condiciones económicas, sociales y educativas del Sahara Occidental. También se le solicita información sobre la ley o el decreto por el que se establezca el gobierno del Territorio y la relación constitucional del Sahara Occidental con España. Además, le exhorta a promover el adelanto político, económico, social y educativo de la población saharaui.

Desde la red CIAPS nos inquieta saber cuál es la hoja de ruta establecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con el objetivo de dar respuesta a estas demandas de la Comunidad Internacional. El silencio político y el abandono institucional para con el pueblo saharaui, aleja a España de las obligaciones asumidas en los tratados internacionales que ha ratificado, violando los Derechos Humanos en su acción exterior y cuestiona una vez más los procesos de regeneración democrática que se iniciaron en el Reino a partir de 1975. Nos asalta la duda de saber sobre qué argumentos jurídicos se sustentan las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos, una vez este mantiene bajo ocupación militar un territorio no autónomo administrado por la Corona Española. No nos constan hasta el momento sanciones, ni siquiera amonestaciones o congelación de las relaciones diplomáticas con el Reino Alauita por la constante violación de la legalidad internacional y la violenta represión infringida al pueblo saharaui desde la invasión marroquí en la década de los 70 del siglo XX.

Obtener la información que España debe entregar al Secretario General de las NNUU, pasa por establecer un diálogo institucional con los representantes del pueblo saharaui. Es voluntad de este último, otorgar esa representación al Frente Polisario, voluntad legitimada en el seno de la Unión Africana, las NNUU y más recientemente por la Unión Europea tras la sentencia de su Tribunal General en diciembre de 2015. A pesar de las declaraciones institucionales de centenares de Ayuntamientos de toda la península y cabildos insulares, de casi la totalidad de Parlamentos Autonómicos, Diputaciones Provinciales, universidades, sindicatos y demás organizaciones de la Sociedad Civil; el Gobierno Central sigue mirando para otro lado, respondiendo a los intereses económicos de una élite empresarial con vocación autoritaria y fiel al reparto neocolonial de las antiguas metrópolis, donde el gobierno francés dirige la batuta en los asuntos que al Magreb se refiere.

Por su parte, la Resolución 75/103 del 10 de Diciembre en su punto 6. Exhorta una vez más a todos los gobiernos que aún no lo hayan hecho, a que adopten medidas legislativas, administrativas o de otra índole con respecto a sus nacionales y las personas jurídicas bajo su jurisdicción, que posean y exploten empresas en Territorios No Autónomos, los cuales sean perjudiciales para los intereses de los habitantes de esos Territorios, a fin de poner término a las actividades de esas empresas.

El Observatorio de Recursos del Sáhara Occidental (WSRW, por sus siglas en Inglés) ha publicado una lista con más de 70 empresas de 26 países que actualmente tienen o han mantenido contrato con Marruecos para la explotación de los recursos del Sáhara Occidental. Desde hace más de 40 años violan la legalidad internacional, saquean recursos energéticos, pesqueros, agrícolas y minerales. España lidera con 14 empresas este delictivo ranking, entre las que destacan las presentes en el IBEX 35 como Abengoa o Acciona o grupos empresariales como JEALSA, el cual comercializa en toda España las marcas de conservas Rianxeira y Escurís.

El transporte ilegal de mercancías realizado por Marruecos a través de la carretera abierta en la zona de amortiguación de Al Guerguerat en agosto del 2016 (en el extremo Suroeste del Sáhara Occidental) supuso una escalada de tensión en el conflicto, que ha desembocado en el cese del alto el fuego por parte de las Fuerzas Armadas de Marruecos el 13 de noviembre del 2020 y la posterior declaración del Estado de Guerra por el Frente Polisario al día siguiente.

El abandono de las funciones y obligaciones del Gobierno de España respecto a la actividad empresarial ilegal en el Sahara Occidental y al saqueo de sus recursos naturales, ha sido consecuencia directa del retorno al conflicto armado. Ante la imperiosa necesidad de llevar la Paz al Sahara Occidental y la restitución de los derechos del pueblo saharaui para construir su presente y futuro desde la Red CIAPS, solicitamos al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón y al Vicepresidente Segundo Pablo Iglesias Turrión, que actúen de acuerdo a los principios del derecho internacional; a fin de cumplir con ambas resoluciones para poder cerrar así este bochornoso y doloroso capítulo de la política exterior española.

3 de enero de 2021, Grupo Editor.
Red Ciudadana Internacional de Apoyo al Pueblo Saharaui (Red CIAPS)

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Para más información, contactar con Red CIAPS: [email protected]