La llegada de Hugo Chávez al poder posibilitó el impulso de una táctica tendiente a derrotar la lógica fukuyamista”

“El ADN imperialista de EE.UU, no cesará en sus intenciones de sostener por la vía que fuere la hegemonía apalancada por gobiernos básicamente apéndice en la región. La cuestión es que los pueblos de América Latina parecen haber aprendido la lección”

La geopolítica estadounidense, en clave Obama, entendió con claridad la dificultad del sostenimiento estratégico de la hegemonía sobre nuestra región si se dejaba a los pueblos el libre albedrío sobre sus destinos. En primer momento la entronización de la democracia formal en la región, fundamental pero no exclusivamente a partir de principios de la década de los años 90 del siglo XX, dio viento favorable a partidos políticos y movimientos políticos programáticamente asociados a la socialdemocracia, el liberalismo o el neoliberalismo.

Tal cosa no es extraña, si observamos cómo el proceso de cercenamiento violento de la experiencia socialista democrática en Chile y la consecuente formula de shock impuesta por la dictadura de Pinochet, se convirtió en dispositivo básicamente dispuesto para garantizar la eliminación sistemática de toda organización popular, de izquierda, revolucionaria o antiimperialista con capacidad real de llegar al poder.

Sin embargo, el famosos decálogo de John Williamson que formuló el Consenso de Washington por allá en 1989, en medio de la celebración ante la caída de la “cortina de hierro” lejos de consolidar la hegemonía estadounidense en América Latina detrás de las recetas bíblicas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro, descalabró a unas sociedades que al conocer la democracia (al menos formalmente) elevaron sus condiciones de aspiración hacia el futuro.

Tal cosa solo devino en el resquebrajamiento del dominio de gobiernos asociados directa o indirectamente a los designios de Washington, cuestión que no sucedió sin turbulencia. Por ejemplo en Venezuela (una de las pocas democracias formales pero con grueso expediente de violación de derechos humanos y cercenamiento sistemático de derechos políticos durante el período 1958 – 1998) la explosión social de 1989 y las rebeliones militares de 1992 allanaron el camino del fin de la hegemonía bipartidista AD-COPEI que condujo a sus anchas en cuatro décadas.

La llegada de Hugo Chávez al poder posibilitó el impulso de una táctica tendiente a derrotar la lógica fukuyamista (fin de la historia y victoria absoluta de la democracia y la economía de corte liberal) que inoculó el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) como nueva relación de entendimiento supuestamente entre iguales, y sin barreras de ningún tipo, pero con el detalle de una hegemonía estadounidense abarcante en la región, que hacía casi risible esta última idea.

La apenas reserva de Venezuela en la Cumbre del ALCA de Quebec en Canadá, en 2001, fue preludio de una ola latinoamericana de gobiernos de tendencia izquierdista, o en todo caso no anclados exclusivamente a los intereses estadounidenses. Brasil en 2003, Argentina en 2003, el derrotado golpe de Estado contra Chávez en 2002 – 2003, y Uruguay en 2005 configuraron un escenario para al menos discutir los términos de esa propuesta planteada desde Washington lo cual concluyó en la derrota del ALCA en Mar del Plata, en 2005, y la encrucijada de qué rumbo debía tomar la región.

1.Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Lula Da Silva (Brasil) y Rafael Correa (Ecuador)

A este escenario se sumarán las victorias de Evo Morales en Bolivia, en 2005, y la de Rafael Correa en 2007, dejando abierta la consolidación de organizaciones propias de las necesidades regionales y menos centradas en cómo relacionarse con el hegemón estadounidense. La encrucijada será respondida claramente con la construcción de UNASUR a través del tratado constitutivo suscrito en 2008 cuyo objetivo central sería consolidar un sólido espacio de integración y desarrollo regional.

Volviendo al principio de este artículo, la llegada de Barack Obama implicó el desafío estadounidense de construir una nueva política hacia América Latina, configurada democráticamente hacia la izquierda para el momento de su arribo al poder, el 20 de enero de 2009, y básicamente derrotada en sus esfuerzos de imponer el ALCA.

He aquí donde entra a jugar la famosa conseja de “torcer el brazo” a quienes no cooperan con el interés estratégico de Washington. Esto no tardó mucho en hacerse sentir como política central del Estado, teniendo como primer intento en 2008 el derrocamiento de Evo Morales precisamente conjurado por la posición vertical de Venezuela y de UNASUR. Sin embargo ello no detendría la determinación de labrar otra configuración, una ola de derecha impuesta como fuese necesario o posible. Entonces comienzan las variantes desde el golpe de Estado clásico, hasta los golpes parlamentarios, rebeliones policiales, el lawfare, traición abierta a los proyectos originales y toda acción tendiente a conseguir el objetivo estratégico no circunscrito solamente a sacar del poder a los partidos y movimientos parte de la ola reciente, sino garantizar que jamás volvieran a detentarlo.

El perfeccionamiento de los errores del intento en Bolivia en 2008, consiguió fraguar exitosamente en 2009 en contra del Presidente de Honduras Manuel Zelaya dada su pretensión de consultar al pueblo hondureño sobre la necesidad o no de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. Luego vendría Ecuador en 2010 cuyo Presidente Rafael Correa intentó ser desalojado del poder por una rebelión policial infructuosa en sus objetivos.

Con mayor perfección se llevó a cabo el golpe de Estado Parlamentario contra el Presidente de Paraguay Fernando Lugo en 2012, bajo falsas acusaciones suficientemente respondidas pero con una sólida mayoría dispuesta a amparar su salida del poder, cuestión que servirá de base a los esfuerzos que encaminaron en la República Federativa del Brasil.

Protestas en Paraguay contra el golpe a Fernando Lugo

Si bien en el caso de Argentina la sustitución fue por vía electoral, triunfo de Mauricio Macri en 2015, la persecución judicial de Cristina Fernández de Kirchner fue uno de los hitos del uso del poder judicial (lawfare) como mecanismo de obstaculización del regreso al poder de líderes latinoamericanos. En el caso de Brasil no solo se generó un cerco para que Lula Da silva intentara un nuevo mandato presidencial por vía electoral, sino que además el Congreso de Brasil destituyo en 2016 a Dilma Rousseff bajo un elaborado subterfugio de “crimen de responsabilidad”, ambas maniobras que eventualmente abrían el paso a la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia de esa Nación.

Todas estas acciones, durante la administración Obama, facilitaron al siguiente Presidente (Donald Trump) afianzar la imposición de acciones políticas bajo el amparo de una renovada Doctrina Monroe. No en vano Trump lo refirmó en varias oportunidades en el seno de las Naciones Unidas, como para hacer entender cuál era la condición de nuestra región para su geopolítica.

Hasta aquí podemos observar una nueva configuración que básicamente frenó a UNASUR, complejizó las capacidades propias de esquemas como CELAC y generó un posible nuevo momento cuyo intento tuvo como eje la creación de ProSur. Sin embargo tres elementos entrelazados han obstaculizado esta maniobra estadounidense a un nivel actual de estancamiento.

En primer lugar el caso de Venezuela, país que con el fallecimiento del líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez entró en un proceso de agresión sistemática con la disposición de acciones de todo tipo. Básicamente dos intentos de revolución de colores denominados “la salida I y II” (2014 y 2017); dos desconocimientos electorales presidenciales  (2013 y 2019); un intento de magnicidio (2018); un intento de golpe de Estado (2019) y una incursión mercenaria (2020), son pinceladas de las diversas acciones tendientes a derrocar al Presidente Nicolás Maduro y con ello aniquilar a la Revolución Bolivariana.

Leopoldo López junto a un grupo de militares durante el fallido intento de golpe de Estado el 30 de Abril de 2019

Aunado a lo anterior e incluso mucho más grave, se dispuso la geopolítica mundial estadounidense de las sanciones hasta considerado “patio trasero”, como acción de política bipartidista que arrancó con el decreto de Barack Obama que declaraba al país caribeño como “amenaza inusual y extraordinaria”, iniciando el socavamiento sistemático de nuestra presencia en el sistema financiero internacional y el mercado petrolero mundial, cuestión evidenciada en las más de 300 medidas ejecutadas desde la administración de ese país para generar un anhelado y proclamado “cambio de régimen”.

Todos estos dispositivos no han logrado hacer caer a la Revolución Bolivariana, en una conjugación de resistencia entre su pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y las instituciones democráticas consolidadas en la constitución Nacional de 1999, que hasta ahora han derrotado cada una de las acciones de ataque abiertamente proclamadas desde Washington, erigiéndose en obstáculo poderosos de la consolidación de una ola de gobiernos derechistas en la región.

En segundo término tenemos el caso de Bolivia, donde básicamente y estando al tanto de la historia de este continente, lo ocurrido en noviembre de 2019 no fue más que la renuncia coaccionada del entonces Presidente Evo Morales, cosa que no constituye otra cosa que un golpe de Estado fraguado con la contribución de la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que fraguó un informe electoral que atribuía a un supuesto fraude la victoria de Morales y eventual reelección para un nuevo mandato en el Estado Plurinacional.

Vendida por la administración Trump como un modelo de transición a la carta, ya que incluyó una rápida acción de movilización y violencia típica de una revolución de colores, logró posicionar a Jeanine Añez como Presidenta interina cuestión que lejos de consolidar las posibilidades de sacar del juego político al Movimiento al Socialismo (MAS) devino en todo lo contrario.

Los intentos de aniquilación del MAS y del movimiento popular, negando además la sólida identidad y existencia de una comunidad de pueblos originarios que consiguieron hacerse visibles con Evo Morales en la Presidencia de ese país, condujo a la dictadura de Añez a la consecuente consumación de errores cuyo efecto fue la paliza electoral en las elecciones de octubre de 2020, donde Luis Arce se hizo de la Presidencia en primera vuelta, derrotando el golpe de Estado y el sostenimiento de un inviable gobierno transitorio.

Victoria de Luis Arce en Bolivia

La victoria de Luís Arce en Bolivia pudiese ser el hito de un nuevo momento de resurgimiento de la izquierda regional, con sus diferencias marcadas a aquel proceso de inicios del siglo XXI pero con el aliciente de la experiencia política del ejercicio del poder, así como de la posible construcción de una agenda regional de desarrollo más allá de los ciclos de alzada de los comoditties o el anclaje extractivista.

Ahora bien, el tercer elemento a considerar no es poca cosa. La ausencia de sustentación real de los actuales gobiernos de orientación derechista en un clima de absoluto estancamiento de los regímenes internacionales regionales y de incapacidad concreta de sus líderes para ser agentes de cambio en pro del bienestar de los pueblos.

A la derrota de Mauricio Macri y la caída estrepitosa del modelo transitorio de Bolivia, se erigen incrementados levantamientos populares en Colombia, Ecuador y Chile (ese último vendido como el mayor ejemplo de las bondades del neoliberalismo en el desarrollo social), sumándose a esto la llegada de Andrés Manuel López Obrador a México y la crisis política en la República del Perú.

Las protestas de Chile consiguen tumbar la constitución de Pinochet

Por si fuera poco, organizaciones como el Grupo de Lima o ProSur poco o nada han avanzado por su marcado sesgo ideológico y de alineación carnal con los intereses estadounidenses, al tiempo del socavamiento de la OEA como organización regente en América Latina producto de la gestión de su Secretario General Luís Almagro quien ha servido de ejecutor de toda clase de acciones, violatorias incluso de su propia carta fundacional, desencadenando una crisis estructural de esta organización.

En este contexto complejo y observando el pasado reciente es que llega a la Presidencia de los EE.UU, el candidato del Partido Demócrata Joe Biden, lo cual genera un cúmulo de cuestiones importantes. En un artículo de opinión de mi autoría y publicado recientemente por el diario Correo del Orinoco, advertí: “…grandes incógnitas presenta el futuro latinoamericano con respecto al hegemón del norte. ¿Aceptarán que el devenir político de los pueblos latinoamericanos se defina democráticamente, o seguirán en el trabajo de eliminación sistemática de los adversarios estratégicos regionales con el uso de todo tipo de subterfugios? ¿Están dispuestos a establecer una relación de respeto y constructiva de una nueva etapa regional o al contrario recrearán los episodios más funestos del Plan Cóndor, cosa que dejó ver sus garras en casos como el boliviano? ¿Seguirán en su lógica existencial para garantizarse unilateralmente y por la fuerza su predominio en la región, o aceptarán la multipolaridad?”

Pareciera que el ADN imperialista de EE.UU, no cesará en sus intenciones de sostener por la vía que fuere la hegemonía apalancada por gobiernos básicamente apéndice en la región. La cuestión es que los pueblos de América Latina parecen haber aprendido la lección y no están dispuestos fácilmente a recrear un status quo poco favorable a sus intereses concretos.

El desafío que nos viene es enorme, sobre todo en los pasos que debemos dar para evitar ser a futuro nuevamente una pieza más e inherte de la geopolítica estadounidense. La cautela, movilización y organización con sentido de poder son claves en este contexto histórico.

Autor

Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

Estudios en maestría en Seguridad y Defensa de la Nación y Resolución de Conflictos.

Diplomado de Filosofía de la Guerra.

Colaborador en el área de Secretaría de la Asamblea Nacional Constituyente.

Asesor de la Contraloría General de la República.

Asesor de la Gobernación del Estado Falcón en materia de planificación y políticas públicas.

Articulista del Diario Venezolano Correo del Orinoco.