PSOE, PP y Podemos acuerdan un Pacto de Estado para hacer “reformas estructurales” en el Sistema Nacional de Salud

Los que iban a asaltar los cielos se suman a los que nos van a llevar al infierno

El 22 de julio de 2020 en el Congreso de los Diputados se escenificó el acuerdo entre los dos partidos que han propiciado la privatización en las últimas décadas en el Estado Español (PP y PSOE) y el partido que iba a asaltar los cielos, Unidas Podemos. Así, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por 256 votos a favor (Podemos y los de los privatizadores PP y PSOE), 88 en contra y tres abstenciones, el Dictamen para la Reconstrucción de la Sanidad.

Silencios

La privatización no existe. En un ejercicio de equilibrismo político, la Comisión de Reconstrucción aprobó un documento, de 33 páginas, en el que no se cita ni una sola vez la palabra que define el cáncer que afecta al sistema de salud: privatización. No hay ni una sola referencia a las dos vías legales sobre las que se asienta la penetración del capital privado en la asistencia sanitaria: la Ley 15/97 para la gestión por empresas privadas de la sanidad publica, y el articulo 90 de la Ley General de Sanidad (conciertos). El mantenimiento de ambas, permite que se sigan extendiendo, donde el partido de turno decida, los centros de gestión privada, al tiempo que los privados seguirán absorbiendo, vía conciertos uno de cada 7 euros del gasto sanitario.

Medidas

Tras la Cumbre de la UE en la que a España se le adjudicaron 140.000 millones de euros (aún no se ha explicado a cambio de qué nuevos recortes y privatizaciones de servicios públicos y contrarreformas laborales laborales y de las pensiones), sorpresivamente, el PP decidió suscribir el documento de la Comisión de Reconstrucción con cambios sustanciales, obviamente en el camino de aumentar la privatización. Es evidente que los dineros recibidos tenían, además de las imposiciones que hasta la fecha han ocultado, una condición política de la UE: incluir al PP en el reparto de los mismos.
A la espera de las modificaciones legislativas que se produzcan, el acuerdo plantea una “Reforma estructural del SNS”, que será ejecutada por los mismos partidos que han permitido y alentado la privatización desde 1997. Pero necesitan la colaboración de todos los partidos posibles, para ello plantean un Pacto de Estado para “dar estabilidad a las medidas reformadoras” que van a introducir. Lo llaman Pacto Cajal que tiene un nombre más “neutro” políticamente que el de Abril Martorell, aunque los objetivos son los mismos.

Dicha reforma será una nueva vuelta de tuerca, esta vez sobre las partes del sistema sanitario que aun se mantenían bajo la formula de gestión directa publica, introduciendo la gestión por parte de empresas privadas en ellas (centros de salud y servicios hospitalarios sobre todo). Es decir, poner a disposición del capital todo servicio rentable que quedaba aún -en parte- fuera del derecho privado. Más fondos de inversión detrás de las estructuras jurídicas que se creen para la gestión de los centros sanitarios, solo llevará a subordinar aún más los objetivos de salud colectiva a los intereses del lucro privado.

Baja la repetida disculpa del “encorsetamiento” del sistema público, anuncian la exploración y aplicación de nuevas “fórmulas jurídicas a los Servicios Autonómicos de Salud”; “Dotar a las redes y/o centros sanitarios públicos de capacidades para la gestión operativa de su presupuesto, su personal, sus compras y contratos .. “; ” …… fomentar la asunción de funciones gestoras por parte de los profesionales”; “reorganizar los servicios dotándolos de un nivel adecuado de autonomía … “; para lo que precisarán la “actualización de la legislación sanitaria de ámbito nacional y autonómico”.

promesas

Se promete “garantizar el derecho de los residentes en residencias de ancianos a ser atendidos por el SNS”, lo que legalmente es así al disponer de tarjeta sanitaria, pero no se ha aplicado de facto coma ha demostrado la epidemia de Covid19; “reforzar la atención primaria”; “transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias .. “; “eliminar la tasa de reposición de efectivos”; “desarrollar una red de hospitales de media y larga estancia …. de gestión y titularidad publica” -lo que ya sabemos en que puede acabar con las leyes actuales; incrementos de gasto “destinados a sanidad publica de gestión directa” lo que no garantiza que no vayan a parar a los bolsillos privados a través de los conciertos; “derogar el decreto 16/ 2012” de “exclusión sanitaria” lo que de ser cierto, será bienvenido, pero hay que entender que lo hacen porque no afecta al negocio y permite lavar la imagen. Al mismo tiempo, se evita hablar de la creación de una farmacia pública a la vez que se sigue apostando por la “colaboración público-privada con la industria farmacéutica”.
Semejante jugada va a deteriorar aún más la eficacia de la sanidad y la calidad de la atención, al tiempo que se disparan las listas de espera, para regocijo de los seguros privados. Y todo ello, a pesar de la evidencia de que la medicina aplicada repetidamente al SNS desde hace décadas, la mercantilizaci6n disfrazada de eficiencia, ha demostrado ser contraproducente para el paciente, aunque, eso sí, un negocio redondo para fondos de capital riesgo, bancos y empresas inmobiliarias.

Desde CAS estatal, llamamos fortalecer las organizaciones locales y a preparar la movilización en todos los puntos posibles del estado tras el verano, contra esta nueva agresión y por las reivindicaciones de nuestra campaña

“Nunca mas muertos evitables, nunca más privatización”

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Subdirector y Responsable del Área de geopolítica y antiimperialismo en Revista La Comuna

Consultor IT, miembro del Equipo Coordinador de la Revista La Comuna. Miembro de la Plataforma "Siriaren Alde" de Euskal Herria, de la Asociación Cultura "Volver a Marx" y del Frente Antiimperialista Internacionalista.

Participa en diferentes grupos de análisis sobre Ciberseguridad (Blue Team) y Ciberinteligencia (OSINT)