Fuego republicano en Vallecas. El 14 de abril de 1977 se realizaron diversos actos de agitación y propaganda republicana a lo largo y ancho de Madrid que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad del estado y silenciados por la historia.

En la Transición coexistieron diferentes organizaciones de la izquierda revolucionaria que defendían la república como forma de Estado, ya que a través de esta podía llegar a materializarse la ruptura con la dictadura –la no continuidad de Juan Carlos de Borbón– y el comienzo de una nueva etapa histórica, siendo esta la única garantía para establecer las libertades democráticas. la panorámica de este periodo transicional desde la derecha es diferente, defendiendo un proceso continuista desde la dictadura a una democracia burguesa equivalente a las de Europa occidental. Esta tendría que producirse con los menores costes políticos posibles, considerando a la monarquía como un elemento incuestionable, rechazando taxativamente un referéndum sobre la forma de Estado. En las negociaciones del entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España (PCE), la renuncia a la reivindicación de la república fue conditio sine qua non para que pudieran ser legalizados. De este modo el PCE para ser legalizado el sábado 9 de abril de 1977 -coincidiendo con la Semana Santa- tuvo que pagar un alto precio: la aceptación de la bandera bicolor y de la monarquía. Una muestra muy significativa del rechazo a sus aspiraciones republicanas, es la retirada de la bandera republicana a través de la dialéctica de los puños en los actos del PCE si algún militante desorientado por la decisión de su partido la sacaba a ondear. Santiago Carrillo, secretario general del PCE, argumentaba esta prohibición de exhibición afirmando que “el color morado de una bandera no merece una guerra civil”.
Cinco días después de la legalización del PCE, el 14 de abril -en el 46º aniversario de la proclamación de la II República– se realizaron diversos actos de agitación y propagandísticos republicanos entre los que hubo saltos, mítines y manifestaciones a lo largo y ancho de Madrid. La policía trabajó durante todo el día en favor del orden monárquico, produciéndose un número elevado de detenciones junto con la incautación de banderas republicanas. En este contexto, en torno a las diez y media de la noche en la avenida de la Albufera situada en el barrio obrero de Vallecas, fue atacado con un cóctel molotov un jeep de la Policía Armada. Pertenecía a la primera compañía de la 13 bandera, correspondiente a su vez a la Bandera Móvil de Moratalaz. Todos los ocupantes del vehículo resultaron heridos, siendo trasladados urgentemente a los centros hospitalarios.

A la altura de la Junta Municipal de Vallecas el jeep policial tuvo que frenar para dar paso a un hombre con muletas. En el momento en el que estaba parado, un grupo de jóvenes se acercaron ondeando una bandera –republicana se entiende– y a través de una de las ventanillas que estaba abierta, arrojaron hacia el interior del jeep un cóctel molotov. Los policías salieron envueltos en llamas, tirándose inmediatamente al suelo para sofocar el fuego de sus uniformes grises a la vez que pedían ayuda a las personas que había por la zona sin que ningún vecino les auxiliase, hasta que varios policías municipales que estaban al lado de la Junta fueron a su socorro. Los policías que resultaron heridos eran Felipe Puente Rescalvo, Alfredo Cano de la Red, Fernando Sánchez Carretero, Antonio Sánchez Romero y el cabo Regino García Aguado. Los dos primeros fueron trasladados a la llamada entonces Residencia Sanitaria La Paz, y los tres últimos al Centro de Quemados y Cirugía Plástica de la Cruz Roja. Juan José Rosón Pérez, gobernador Civil de Madrid desde agosto de 1976 hasta julio de 1980 cuando es nombrado Ministro del Interior en la segunda legislatura de Unión de Centro Democrático (UCD), visitó a los pacientes junto al director general de Seguridad y el Jefe superior de Policía. Los heridos más graves salieron de peligro vital, recuperándose a lo largo de las siguientes semanas.
Pero en Vallecas no todo era fuego. A las 20 horas de ese 14 de abril, en los locales de la cooperativa del Pozo del Tío Raimundo situada en la calle Vilches alrededor de unas 200 personas, se disponían a conmemorar el aniversario republicano. La prohibición del Gobierno Civil por la que se impedía la celebración de cualquier acto en esta fecha, supuso su cancelación sin que se produjese ningún tipo de incidente destacable con la Policía Armada. Algunos intentaron reunirse posteriormente en unos locales en las cercanías de Puente de Vallecas, pero fue impedido por la Guardia Civil. En el acto iban a participar Eduardo Prada, capitán del Ejército Republicano e hijo del coronel Adolfo Prada -ambos participaron en el Golpe de Casado rindiendo Madrid al ejército golpista en marzo de 1939-, Luis Rodríguez Oliver de la Asociación Republicana Democrática Española, Ignacio Menéndez y Ángel Panella de Organización Comunista de España-Bandera Roja, Justo de la Cueva y Pablo Castellano por parte del PSOE y Nazario Aguado del Partido del Trabajo de España (PTE). Este acto coincidía con un festival organizado a la misma hora por la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) en San Blas. El PCE (ml), el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y Convención Republicana de los Pueblos de España criticará ambas convocatorias, considerando que el objetivo de estas organizaciones es “encerrar a las masas” salvaguardando su fachada republicana. Al no salir a la calle y manifestarse, consideran que estas convocatorias hacen el juego a la reforma monárquica. No ven una casualidad la coincidencia de hora con la manifestación convocada por ellos en Plaza de España, que acabarán en duros disturbios con la policía armada a gritos de “FRAP, FRAP, FRAP, Guerra Popular”. En su estrategia de hacer un día combativo por una República popular y federativa, el FRAP realizó ese día una gran actividad con pintadas como “Juan Carlos, fascista, el FRAP no te pierde de vista”, reparto de octavillas, y ataques a instituciones de la dictadura. Anteriormente el día 7 de abril piquetes de Convención Republicana de Vallecas, pintaron la bandera tricolor republicana a lo largo de los 300 metros del bulevar de Vallecas.
Once días después de los acontecimientos ocurridos en la avenida de la Albufera fueron detenidos siete militantes del FRAP. Eran personas muy jóvenes que se encontraban entre los 17 y los 22 años: el electricista Cristóbal Lobo Doménech de 19 años alias “Cristo”, el pintor Gabriel de la Fuente Serrano de 20 años alias “el Suizo” y “trilita”, el mecánico Juan Navarrete Amezcua de 23 años alias “Villa”, el delineante Carlos García-Romeral Pérez de 20 años alias “Iñaki” y “Zuloaga”, el estudiante de maestría industrial Mauricio García-Romeral Pérez de 18 años, el administrativo Javier Olmeda García de 17 años y el auxiliar técnico Saturnino Manuel Olmeda García de 22 años. Algunos de ellos parece ser que ya habían sido detenidos por sus actividades relacionadas con su militancia en el FRAP, entre los que se encontraba Juan Navarrete, Mauricio García, Saturnino Manuel y Francisco Javier Olmeda. En esta operación se afirma que la policía “ha recuperado” uno de los cócteles molotov, el cual se encontraba oculto entre unos matorrales de un solar en la calle Sierra de Filabres, detrás del cine Goya –construido a comienzos del siglo XX y derribado para la construcción del Centro de Salud Peña Prieta– situado en la calle Monte Olivetti nº 5. Siguiendo el callejero vallecano, tiene lógica que los miembros del FRAP huyesen calle abajo a través de las calles que iban hacia Monte Olivetti, la calle Felipe Fraile que se encuentra en frente de la Junta Municipal, o las calles Bustos o Sierra de Javalambre bajando Monte Olivetti o cruzándola y bajando por Sierra de Filambres.
Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial militar de la Primera Región por agresión a fuerza armada dado que se elevó al juzgado militar de guardia. Las informaciones de los periódicos afirman que todos los detenidos confesaron ser los autores del ataque, al igual que el supuesto autor material del lanzamiento: Cristóbal Lobo Domenech. Posteriormente los padres de los hermanos Olmeda García y de García-Romeral Pérez presentaron una denuncia conjunta por supuestos malos tratos contra cuatro inspectores de policía. Se facilitaron los apodos de estos: “El Asturiano”, “El Alemán” y “El Sandokán”, menos el de Antonio González Pacheco, más conocido como “Billy el Niño”, por lo que piden al juzgado que los consigan a través de una petición a la Dirección General de Seguridad para que facilitase los nombres y apellidos de los mismos. Saturnino, uno de los detenidos, tiene problemas de movilidad teniendo que utilizar dos muletas para poder trasladarse. Fue torturado en dependencias policiales, siendo golpeado duramente con sus propias muletas.

«Me ponían balas entre los dedos y apretaban hasta que no sentía las manos. Luego las palizas, hostia tras hostia. No te dejaban dormir. Incluso recuerdo que me quitaron el aparato ortopédico y me golpearon con saña en las rodillas. Lo pasé mal.»

Finalmente cinco de los siete detenidos: Mauricio García-Romeral Pérez, Juan Navarrete, Gabriel de la Fuente, Cristóbal Lobo y Saturnino Olmeda García acabaron en la cárcel de Carabanchel incorporándose a la Comuna del FRAP. (5) En la madrugada del día después del ataque, se produjo la detención de otros dos miembros del FRAP en el interior de un coche en la calle Julio Antonio situada en Carabanchel. En el interior se encontró, según las versiones policiales, siete cócteles molotov y cinco banderas republicanas en donde estaban impresas las siglas de la organización. Los detenidos eran Alejandrina Morales López que acabaría en la cárcel de mujeres de Yeserías coincidiendo con Eva Forest; y Juan Arana Repullo que será trasladado a Carabanchel.
Todas estas detenciones aumentarán los presos del FRAP en las cárceles como Manuel Blanco Chivite (cárcel de Córdoba), Pablo Mayoral Rueda (penal de Cartagena) o Vladimiro Fernández Tovar (penal del Puerto de Santa María). Recordemos que estos fueron sometidos a consejo de guerra sumarísimo en septiembre de 1975 –gracias al Decreto 10/1975 sobre prevención del terrorismo-, pidiendo la fiscalía militar la pena de muerte junto con la de José Humberto Baena Alonso y Fernando Sierra Marco. Estaban acusados de integrar un comando del FRAP que dio muerte al miembro de la policía armada Lucio Rodríguez Martínez el 14 de julio de 1975. Finalmente serán ejecutados al alba del 27 de septiembre Baena Alonso y otros dos miembros del FRAP –Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo– condenados a muerte en otro consejo de guerra contra militantes del FRAP por la muerte de un guardia civil en agosto del mismo año. Junto con dos miembros de ETA político-militar, Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegui. La dictadura se vengaba de aquel verano caliente de 1975 a pesar de las grandes movilizaciones internacionales de rechazo. Siendo los últimos ejecutados del franquismo.
El 18 de julio de 1977 se produce un motín de los presos sociales organizados en torno a la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) en la cárcel de Carabanchel, siendo apoyado por el FRAP entre otras organizaciones. Se demanda amnistía de los presos sociales y un cambio más democrático del sistema penitenciario, en el que funcionarios franquistas y sus viejas costumbres campaban a sus anchas. De este modo, las autoridades penitenciarias como venganza y prevención trasladan a diversos presos a diferentes cárceles del Estado. A Saturnino le trasladarán a la prisión de Córdoba en la mañana del 21 de julio en un gran despliegue policial junto a otros presos. Casi un mes después, en la noche del 19 de agosto saldrá en libertad provisional.

El 28 de noviembre de 1977 la Audiencia Nacional –heredera desde el Real Decreto-Ley del 4 de enero de 1977 del Tribunal de Orden Público (TOP)-, amnistía a los cinco miembros del FRAP que fueron procesados por los hechos de Vallecas. Por otro lado, los cinco policías heridos fueron condecorados por el Ministerio de Gobernación que encabezaba Rodolfo Martín Villa -conocido como “La porra de la Transición” por la gran represión empleada en las manifestaciones obreras y estudiantiles- concediéndoles la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a Regino y Fernando, quienes fueron los heridos de mayor gravedad, y con distintivo blanco a Felipe, Antonio y Alfredo.
Con la celebración de las elecciones de junio de 1977 se dará por fracasado el proceso de ruptura por dos motivos principalmente: por el establecimiento de un sistema democrático y por la legitimación de la monarquía. Según va avanzando la reforma, la república no logra ser uno de esos elementos centrales de las movilizaciones, y solo algunas organizaciones harán de ella su bandera.
 
Javier Fernández Rincón