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Las víctimas eran miembros de una comunidad indígena, todos de una misma familia.
«En la Vereda Buena vista del municipio de Mesetas departamento del Meta y donde se encuentra ubicado nuestro ETCR Mariana Páez fue asesinada una familia en el día de hoy sin tener claridad aun sobre los responsables de los hechos”
Informan en un comunicado público en el que también denuncian que las personas asesinadas son: Diego Ferney Pilcue, su esposa Diana Marcela Calvo Rojas y su primo Robinson. En el lugar del crimen fueron encontradas muy afectadas las hijas de la pareja, de 4 y 6 años respectivamente. La familia era muy conocida y querida en en la región de Mesetas, una zona a las faldas del espacio donde se concentra la militancia del nuevo partido político de las FARC y donde se realizó el acto final de dejación de armas el pasado 27 de julio.
El propio presidente de Colombia Juan Manuel Santos se ha visto obligado a reconocer que en lo que va de año ya son 47 los activistas sociales asesinados, aunque afirma que las autoridades no han encontrado “un patrón” para decir que estos crímenes son sistemáticos. Por su parte la ETRC Mariana Páez sostiene en su comunicado que no es un hecho aislado y guarda relación con otros asesinatos en territorio de las FARC:
«Estos hechos sumados a los demás acaecidos en todo el territorio nacional generan gran preocupación para la militancia Fariana en proceso de reincorporación a la vida civil, política y social y de igual manera para el resto de la población civil que no ve aun el cumplimiento en materia de seguridad como lo estipulan los acuerdos de Paz. Pedimos al Gobierno Nacional y a las demás autoridades competentes se investigue y se aclare lo sucedido»
El día 2 de octubre, un año después del NO al Acuerdo en el Plebiscito, en el Congreso de la República, se hizo un balance en el que denunciaron que hasta ese día tenían registro de 13 excombatientes y 11 familiares de miembros de la organización. Sin embargo, este número ha crecido.
La segunda misión de la ONU, presentará un informe en que se denuncian todos los casos de violencia y asesinatos a excombatientes y familiares tras la entrega de armas y exigirá al Gobierno soluciones a esta oleada de violencia, de la que la Unión Patriótica ha sufrido ya más de 3000 asesinados, incluyendo a sus principales dirigentes.
Alejandro Caldito
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