«En Colombia 23 presos fueron masacrados por exigir protección ante el contagio del coronavirus; en Irán dieron permiso a 70 mil para contener la expansión del Covid-19 en las cárceles» Artículo de Rosalba Alarcón Peña

«En tiempos difíciles se conoce la clase de corazón que tiene el ser humano»

Tenía que llegar un virus para mostrarnos la fragilidad de la vida, para recordamos que no somos seres intocables por más poder que se tenga en la sociedad, para decirnos, paren la indiferencia con el otro, que la decisión de uno, requiere el apoyo del otro para que tenga fuerza. El yo me cuido para cuidarte, es la frase hecha acción en tiempos de coronavirus para bajar su propagación, y así siga reinando vuestra vida.

Por eso, no puedo seguir caminando en mi libertad sin acordarme de la libertad del otro, de sus necesidades básicas, iguales a las mías. Aquí no hay espacio para juzgar a nadie, si tomaron bien o mal una decisión que hoy los tiene privados de su libertad. Pero si hay el espacio para defender lo defendible, para recordarle a los mandatarios del mundo que es inviolable la dignidad humana, aún en estado de excepción, donde no se suspenden los derechos humanos, principio del derecho internacional.

Pedir la libertad o una medida flexible para que los reos pueda protegerse del contagio del Covid-19, y así salvar sus vidas, no es un favor de un Estado al reo o delincuente como muchos lo expresan, es su obligación de preservar sus vidas.

El hacinamiento y el deteriorado del servicio de salud en las cárceles de Colombia por años, aunado a las altas cifras de muertes en el mundo (16.700) por el Covid-19, generó el desespero e hizo que los presos a nivel nacional alzaran sus voces en protesta ante la precariedad carcelaria, el resultado, fue 23 reclusos asesinados, 83 heridos y 9 guardianes afectados del Inpec en la cárcel La Modelo; cifras de la Ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco.

Conversé con Oscar Ramírez integrante del Comité de Solidaridad con los Presos políticos en Colombia, para conocer ¿Cuáles son las cárceles de mayor hacinamiento del país?, y la cifra es penosa; Rioacha con 362%, le sigue Santa Marta con 333,3% y la judicial de Valledupar con 286%. Lo anterior según cifras oficiales del Inpec a 31 de enero de 2020.

La cárcel de Jamundi, ubicada en la ciudad de Cali, es una cárcel que se ha caracterizado por tener fallas en el suministro de agua, una precaria atención médica y una gran cantidad de personas en la torre 1 dónde hay problemas en la recolección de basuras y saneamiento. Esta es una cárcel con un anexo de mujeres, las cuales constantemente denuncian no recibir una atención médica oportuna y diferenciada para sus necesidades.

Justamente la cárcel de Jamundí tiene una particularidad, no más importante que las del resto del país, pero sí de revisar, allí está preso Juan Carlos Cuellar, gestor de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), gestor no por un año, sino por varios años y en diferentes gobiernos que buscan de una manera dialogada salir del conflicto armado por más de 60 años con esa organización guerrillera. Quien no goza de un estado de salud sano. Son 1.829 adultos mayores a nivel nacional con estado de revisión de salud.

Con este panorama, dialogué con los directamente afectados, los reclusos que ejercen el rol de defensores de derechos humanos de la cárcel La Picota de Bogotá. César Augusto Galvis, defensor de derechos humanos del patio 3, dice: “el patio tres tiene la capacidad para 280 internos, pero en la actualidad tiene 945; con 20 adultos mayores; los que no pueden dormir en celdas, duermen en colchonetas tiradas en los pasillos”.

Para Martín García, preso político de las Farc-ep, señala que el patio cuarto tiene la capacidad para 274 reos y hay 570 viviendo.

Estas cifras son antes de que llegara la pandémica del Covid-19, por eso, leer el decreto 0011444 del 22 de marzo de 2020, de Emergencia penitenciaria y Carcelaria por el ministerio de Justicia y el Inpec no lo puedo ver como el mayor acto de solidaridad, ellos, si ellos, inhumanamente esperaron que hubiera una masacre para decretar la Emergencia; Emergencia que el Veedor distrital Guillermo Rivera, ya había solicitado, como la suspensión de las condenas de los mayores de 70 años y personas que están padeciendo enfermedades crónicas.

Esta mañana, un recluso de la cárcel de Acacias, Meta; me llamó para decirme que, con ese decreto, “se están llevando a los reclusos que lideran las protestas, esos que defienden nuestros derechos, estamos quedando más desprotegidos”. La misma denuncia la hacen los internos de la cárcel La Picota.

Las protestas continúan pese a que las autoridades del gobierno hayan manifestado atender las necesidades de los reos.

Mientras tanto, el analista de conflictos sociales y armados el dr Víctor de Currea, mediante la red social Twitter hizo público un vídeo que le llegó hoy 24 de marzo de 2020 de la protesta de internos y represalias de la guardia en la cárcel de Cúcuta. “la gente quiere soluciones inmediatas” enfatiza.

La propuesta de soluciones inmediatas las ha venido presentando distintas organizaciones sociales, senadores y congresistas. Ahora, queda en manos de ellos demostrar la grandeza o el pequeño de corazón ante los retos que nos está imponiendo la supervivencia en el planeta.

La propuesta por los Congresistas.

Libertad inmediata a las personas privadas de la libertad que haya cumplido su pena o los requisitos para el otorgamiento de los beneficios de prisión domiciliaria o libertad condicional.
Libertad condicional para las mujeres cabeza de familias privadas de libertad por delitos menores.
Sustitución de presión por prisión domiciliaria para los mayores de 60 años.
Sustitución de medida de aseguramiento intramuros por detención domiciliaria a las personas privadas de la libertad no violentas que no hayan sido condenadas.
Libertad condicional a campesinos condenados por delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito.
Libertad condicional a exguerrilleros, firmantes del Acuerdo de Paz.
Sustitución de prisión por prisión domiciliaria a quienes hayan cumplido la mitad de la pena
Libertad condicional a penados que no superen condenas de ocho años.

Propuestas por las distintas organizaciones sociales del país.

1. Estrategia de reducción del hacinamiento carcelario:

Otorgamiento de detención domiciliaria a población considerada de alto riesgo en caso de contagio con COVID-19 (adultos mayores de 60 años, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas, entre otras, personas diabéticas, con enfermedad coronaria, inmunocomprometidas, con trasplantes, VIH, en tratamiento con quimioterapia u otros para el cáncer).
Libertad condicional o detención domiciliaria a personas procesadas por delitos menores y que no impliquen violencia.
Libertad condicionada o detención domiciliaria a personas beneficiarias del Acuerdo de Paz, que a pesar de cumplir con requisitos de ley aún tienen en trámite sus peticiones.
Analizar la posibilidad de suspender de manera transitoria los efectos del artículo 68G del Código Penal, así como del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, para ampliar el número de personas con posibilidades de acceso a beneficios y subrogados penales, cuando estos cumplan con requisitos objetivos previstos en la ley.
Implementación de un plan de descongestión judicial a través del trámite de medidas de libertad a cargo de los jueces de ejecución de penas o de control de garantías y magistrados de la jurisdicción especial para la paz, de modo que se reduzca la población privada de la libertad que ya puede recibir medidas no privativas de la libertad en un establecimiento.
La distribución extraordinaria de la población privada de la libertad en patios con hacinamiento crítico a otros espacios (otros patios o establecimientos, etc.) para reducir el impacto del hacinamiento en un eventual contagio.
Los internos que se encuentren en mínima seguridad podrán tener una sustitución de medida de aseguramiento que implique detención domiciliaria con vigilancia electrónica.

2. Estrategia para la prevención de contagio dirigida a la población que permanecerá:

la adopción de un plan de suministro de bienes esenciales para la prevención del contagio, especialmente de agua potable en aquellos establecimientos que no cuentan con un acceso constante y suficiente.
Se debe entregar un Kit de aseo de manera semanal que permita fortalecer las medidas sanitarias al interior de la cárcel.
Es necesario reforzar de inmediato el personal sanitario dentro de prisión
Desinfección tipo hospitalaria de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Abastecimiento de expendios con víveres y elementos de aseo suficientes al interior de los establecimientos teniendo en cuenta la suspensión de visitas a la población privada de la libertad y en varias cárceles la suspensión de las encomiendas.
Diseño e implementación de medidas para la detección temprana del virus, aislamiento y tratamiento a personas infectadas en los centros de reclusión.

3. Estrategia de respuesta ante eventuales contagios:

Creación de una Red de Respuesta Integral frente a un eventual contagio de COVID-19.
Disponer de patios u otros espacios de cuarentena para personas sospechosas de haber contraído el Coronavirus, los cuales, deberán contar con la atención médica requerida y las condiciones dignas para la estadía de personas privadas de la libertad hasta el momento en que se confirme o descarte que son portadores del virus.
El aislamiento de las personas que se confirme han sido contagiadas por el coronavirus se debe dar en una instalación médica especial y no en una celda, donde se le garantice la activación del protocolo ante COVID-19 y el acceso a medicamentos y profesional médico idóneo.
Garantizar un sistema de remisiones rápidas y eficientes a centros hospitalarios.

¿Qué pasa con los presos en otras latitudes?

La preocupación de los presos colombianos es la misma que padecen los presos de otras naciones, en el caso venezolanos de la cárcel Boleíta denuncian que el servicio del agua es precario, de hecho, algunos presos piden a sus familiares llevar botellones para almacenar agua o muchas veces llevarles el líquido, acción que se ve detenida por la cancelación de visitas debido a la pandemia del coronavirus.

Otra preocupación es la falta de protección de los guardas de seguridad quienes están expuestos al público “y lo único que se les ve es un tapa bocas puesto. Porque funcionarios que están en policía militar ellos montan guardia, luego regresan a Boleíta” expresa familiar.

En Brasil, un aproximado de 1.350 presos se fugaron el lunes de tres cárceles de Sao Paulo tras las medidas para controlar el Covid-19.

A diferencia de Colombia las autoridades en Irán dieron permiso a 70.000 para contener la expansión del Covid-19 en las cárceles. Dando prioridad a las personas que tiene problemas de salud, así lo destacó Ebrahim Raisi, jefe del poder judicial.